Reos trasladados a EU, por un riesgo permanente a la seguridad pública, afirma García Harfuch
Gobierno de México Los 26 capos trasladados ayer martes a Estados Unidos, representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En conferencia de prensa para revelar detalles del traslado, el titular de la SSPC aseguró que algunos de los delincuentes estaban en litigios para permanecer en penales de menor seguridad, amenazaban a custodios de dichos centros y mantenían operaciones con otros miembros delincuenciales al exterior.
“Aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos, sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción”, sostuvo García Harfuch.
Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos.
En esta acción participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.
Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos:
• 8 a White Plains, en Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia
Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos.
García Harfuch agregó que existían litios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que representaría un retroceso en la lucha contra el crimen.
“Esta acción se tomó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad”, puntualizó.
