Rechaza Sheinbaum informe de la ONU sobre desapariciones en México
Presidencia La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este lunes 6 de abril su firme desacuerdo con el reciente reporte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y calificó el análisis como poco exacto al señalar que los datos presentados no correspondieron a la realidad actual del país.
El gobierno federal criticó que el informe utilizó cifras recolectadas entre 2009 y 2017 en solo cuatro estados para generalizar la situación nacional actual. Sheinbaum puntualizó que las conclusiones del Comité carecieron de rigor jurídico al «extrapolar» estadísticas del pasado a la administración vigente, la cual impulsó reformas sustanciales en la materia durante el año 2025.
La jefa del Ejecutivo aclaró que el CED, aunque estuvo vinculado a las Naciones Unidas, no fungió como un comité oficial de la organización central y recordó que su administración trabajó de manera cercana con los colectivos de madres y padres buscadores para erradicar este delito, el cual asoció principalmente con actividades de la delincuencia organizada.
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado conjunto el pasado 2 de abril para respaldar esta postura. Ambas dependencias argumentaron que el organismo internacional omitió avances tecnológicos y legales recientes, como la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
A pesar del rechazo al documento, Sheinbaum confirmó que la cifra oficial de personas desaparecidas en México superó las 130 mil según la última actualización del Registro Nacional presentada semanas atrás. La mandataria reiteró su compromiso de enviar una explicación detallada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para entablar un diálogo basado en datos vigentes.
El presidente del Comité de la ONU, Olivier de Frouville, respondió a estas declaraciones la tarde del mismo 6 de abril para defender la validez de su metodología. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantuvo su posición de cooperar con organismos internacionales siempre que el análisis priorizara un enfoque objetivo y sin sesgos políticos sobre la crisis humanitaria que enfrentó el país.
