Mujeres de Atenco: sobrevivientes señalan la persistencia de impunidad en audiencia ante la Corte IDH

A casi 20 años de los actos de tortura sexual en el caso Mujeres de Atenco, las sobrevivientes denunciaron la indolencia del Estado en su renuencia por cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

Ciudad de México.- A días de cumplirse 20 años de los hechos de represión el 3 y 4 de mayo del 2006, que derivó en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en Atenco, y tras 8 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento, donde denunciaron la prevalencia de la impunidad, la indolencia la garantía de acceso de atención médica y psicológica y la inadecuada implementación de garantías de no repetición, que habilita la prevalencia de la práctica de la tortura sexual y otras violaciones graves a derechos humanos.

La audiencia fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación. Como señalaron las mujeres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), persisten omisiones y obstáculos para la implementación de las reparaciones, adicionalmente existe falta de coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la falta de colaboración de la Guardia Nacional. Recordaron que si bien en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, esta no se sostuvo en el tiempo.

A detalle sobre las medidas incumplidas, las mujeres expusieron ante las juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Las sobrevivientes tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, sin que a la par la fiscalía federal generara un plan de investigación integral que abordara el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando, por lo que la impunidad estructural persiste.

Además, resaltaron las omisiones de la FEVIMTRA en garantizarles su derecho a participar y ser informadas sobre la investigación, que se suman a su actuación deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples falencias y que no atienden el marco fáctico constatado por la Corte IDH, al no incluir la responsabilidad de mandos superiores.

«El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a qué lo hemos solicitado de manera reiterada.

«No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar. Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”, expresó Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, durante su intervención.

Las sobrevivientes también evidenciaron la indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir un tratamiento médico y psicológico a cargo de la CEAV, apuntando múltiples eventos de revictimización, especialmente por la falta de coordinación interinstitucional, el acceso oportuno a medicamentos y complejidades en los procesos administrativos, que no ponen al centro las necesidades de las víctimas sino de las instituciones, generando una carga para ellas, y que cuestionan la verdadera garantía de un servicio prioritario y gratuito, como fue ordenado por el Tribunal regional.

“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica (…) El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas (…) Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Norma Jiménez durante la audiencia virtual.

En cuanto a las garantías de no repetición, las mujeres y las organizaciones acompañantes expusieron que si bien se han registrado acciones en torno al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el mismo no ha logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos que se le presentan. Por su parte, se destacó que la próxima emisión de un segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y las acciones de las instituciones respecto de la misma.