La Corte y el INPI firman convenio para impulsar acceso a la justicia para pueblos y comunidades indígenas

Ciudad de México.- La nueva integración de la Corte debe materializar la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, al encabezar la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El acuerdo, suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y Adelfo Regino Montes, director general del INPI, tiene como objetivo fortalecer el acceso efectivo a la justicia de los pueblos originarios y afromexicanos desde un enfoque intercultural, lingüístico, territorial y de género, con pleno respeto a sus formas de gobierno, organización, sistemas normativos y jurisdicciones indígenas.

“Necesitamos innovar, necesitamos nuevos métodos, nuevas formas y también el compromiso de ustedes”, expresó el ministro presidente ante autoridades de diversas comunidades, al tiempo que reconoció que una tarea fundamental de la actual integración de la SCJN es encontrar los mecanismos para atender a los sectores históricamente olvidados.

Siembra una semilla

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, destacó que este convenio “siembra una semilla” como un acto de justicia elemental para quienes históricamente han sido excluidos de las esferas normativas, institucionales y jurisdiccionales.

“Estoy seguro de que el día de mañana habrá buena cosecha, porque todas y todos aportaremos nuestras mejores capacidades y, sobre todo, nuestra vocación de servicio a nuestros pueblos. Ese es el nuevo espíritu de esta Corte: la plena convicción de que, al poner la justicia al servicio de los más pobres, dignificamos la noble tarea jurisdiccional”, afirmó.

Al referirse a la firma del convenio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no son parte del pasado, sino sujetos colectivos de derecho, titulares de la libre autodeterminación, portadores de sistemas normativos propios y actores centrales de la vida democrática. Por ello, subrayó, garantizar su acceso pleno a la justicia forma parte de una deuda histórica del Estado mexicano.

En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar que sus resoluciones incorporen un enfoque intercultural real, no solo declarativo. Ello implica, explicó, considerar los contextos comunitarios, las prácticas normativas propias, las condiciones lingüísticas y las desigualdades estructurales que influyen en el acceso a la justicia.

En el acto protocolario realizado en la sede de la Suprema Corte, en el que también participaron la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, el ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó que no es posible construir una nación desde el odio, el racismo o el clasismo. En ese sentido, sostuvo que México no puede entenderse sin los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Durante la reunión, Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el encuentro entre jueces de la justicia ordinaria y jueces comunitarios envía un mensaje claro a la comunidad internacional: “no puede haber uno encima del otro”.

Nueva etapa

Por su parte, la coordinadora general del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, afirmó que “en esta nueva etapa no puede haber justicia sin los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; no puede hablarse de una transformación verdadera si no se respeta la libre determinación y la autonomía. La diversidad de México no es un adorno cultural, es la raíz misma de la nación y, como lo establece la Constitución, se sustenta en la grandeza de sus pueblos y su cultura”, puntualizó.

Armando Vicente García, presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), en la Sierra Juárez de Oaxaca, exhortó a las y los integrantes del Máximo Tribunal a retomar la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, ratificó que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

En la firma del convenio también participaron las consejeras Xóchitl Almendra Hernández, Catalina Ramírez Hernández y el consejero José Alberto Gallegos Ramírez, integrantes del Órgano de Administración Judicial; así como Eva Verónica de Gyves Zárate e Indira Isabel García Pérez, magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial.

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