IMPI y aduanas cierran el cerco contra la piratería: recuperan 935 millones de pesos
En un movimiento estratégico para fortalecer el estado de derecho y cumplir con las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de México anunció este martes 24 de marzo una ofensiva institucional contra la violación de derechos de propiedad intelectual.
Bajo la ejecución de la denominada «Operación Limpieza«, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) intensificó sus facultades de fiscalización con resultados contundentes en el último periodo. Entre el primero de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía coordinó 20 operativos nacionales que derivaron en el aseguramiento de 7.8 millones de productos, con un valor estimado de 935 millones de pesos, procedentes mayoritariamente del mercado asiático.
Fiscalización de oficio en aduanas
La administración federal dio un paso decisivo en la vigilancia fronteriza. Este martes, el IMPI y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron la firma de un acuerdo de colaboración que otorga al Instituto la facultad de actuar de oficio en las aduanas del país.
Este mecanismo expedito busca interceptar mercancías ilícitas antes de su ingreso al mercado nacional, lo que protege tanto a la industria local como a los socios comerciales. Se prevé la próxima emisión de su Reglamento para garantizar que las sanciones y procedimientos cuenten con el soporte jurídico necesario para su implementación inmediata.
Compromisos con Washington
De cara a la publicación del Reporte Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), México estableció una hoja de ruta crítica para elevar los estándares de observancia administrativa. Las medidas clave incluyen:
- Sanciones severas: el IMPI evaluará cada caso administrativo para identificar infracciones persistentes e imponer multas más altas en marcas, patentes y derechos de autor.
- Cese de contenido digital: se ordenarán medidas provisionales contra sitios web con contenido infractor y se celebrarán reuniones con proveedores de servicios de Internet para asegurar la eficacia preventiva.
- Inspecciones expeditas: la autoridad realizará visitas de inspección a entidades que vulneren la Ley Federal del Derecho de Autor, ya sea de oficio o mediante convenios con sociedades de gestión.
- Coadyuvancia penal: el Instituto enviará los dictámenes periciales a la Fiscalía dentro de los plazos legales para facilitar la judicialización de delitos de propiedad industrial.
Esta arquitectura de vigilancia no solo responde a una presión comercial externa, sino que se posiciona como el eje de una política pública orientada a la competitividad y la erradicación de prácticas ilegales que afectan la economía nacional.
