CNDH emite medidas cautelares por tratos en penal de Acámbaro

Son 23 las personas privadas de la libertad favorecidas por dichas medidas en CEPRERESO de Acámbaro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó el pasado 11 de agosto condiciones y prácticas que pueden constituir delitos por violaciones a los derechos humanos contra 23 personas privadas de libertad en el Centro de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Acámbaro, Guanajuato.

Con motivo de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 personal de la CNDH se presentó en el CEPRERESO de Acámbaro y, al realizar un recorrido se identificó un dormitorio en el que se encontraban un total de 23 personas supuestamente sujetas a sanciones que al no estar contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrían vulnerar sus derechos humanos, tales como aislamiento por más de 10 días, sin comunicación con el exterior y sin recibir atención médica.

El personal de la CNDH identificó condiciones y prácticas que ponían en riesgo la integridad de dichas personas, en quienes se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto. Cabe señalar que las tareas de las visitadoras y visitadores adjuntos se vieron interrumpidas por parte del Personal de Seguridad y Custodia, quienes impidieron el desarrollo de las actividades de supervisión y no permitieron continuar con las entrevistas a las personas privadas de la libertad, quienes fueron llevadas a otros dormitorios.

No obstante, para garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, el personal de la CNDH tomó acciones y medidas urgentes en forma coordinada con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato consistentes en la implementación de medidas cautelares ante la autoridad del Centro Penitenciario, para que, atendiendo a su deber de garantizar la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad, en particular del grupo encontrado en condiciones irregulares, se les permita la comunicación con sus familiares y con personas defensoras,  se revise su estado de salud y se haga la debida certificación de las lesiones que presentan.

Asimismo, se exhortó a la autoridad penitenciaria a permitir el acceso a organismos defensores de Derechos Humanos y se faciliten los procedimientos para que las personas privadas de la libertad puedan interponer las quejas y denuncias del caso. Al respecto, la CNDH llama al Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato a cumplir con el deber de vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad, las condiciones de gobernabilidad y seguridad, la reinserción social y los requerimientos de grupos específicos, así como adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad.

Cabe recordar que la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT-CNDH), ha destacado la importancia de implementar estrategias de revisión aleatoria en las áreas de restricción y/o sanción de los centros penitenciarios, a efecto de garantizar que la determinación y aplicación de las sanciones disciplinarias se realice por el Comité Técnico, en estricto apego al principio de legalidad a favor de las personas privadas de la libertad. Asimismo, ha subrayado la importancia de que la aplicación de sanciones se realice previa garantía de audiencia ante el citado órgano, así como el que los espacios para su cumplimiento cuenten con las condiciones mínimas necesarias de estancia digna; esto con el propósito de evitar actos de maltrato e incluso posible tortura.

Por ello, este organismo nacional de protección de derechos humanos reitera la posibilidad de establecer una colaboración con el Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato para fortalecer los mecanismos para la adecuada aplicación de la normatividad, protocolos y/o manuales, para que su operatividad sea compatible con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.